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Enjuiciamiento de los crímenes internacionales: reunión de expertos sobre la colaboración entre los fiscales nacionales y las organizaciones no gubernamentales (Parte II)

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Silviana Iulia Cocan

CONSULTER LE PROFIL

Joseph Rikhof

CONSULTER LE PROFIL

Érick Sullivan

CONSULTER LE PROFIL
7 Juin 2018

Este artículo es la continuación del primer artículo relativo a las definiciones de los conceptos y marcos jurídicos sobre la investigación de los crímenes internacionales (en inglés y en francés). Debido a que se trata de una publicación conjunta, la misma versión puede encontrarse en francés (hipervínculo) en Quid Justitiae y en inglés (hipervínculo) en “The PKI Global Justice Journal”.

Parte II - Políticas sobre investigación y principios de cooperación y colaboración

El principio de “no hacer daño”

En cualquier proceso de recopilación de información, se debe prestar atención especial a la seguridad, dignidad y bienestar de las víctimas y testigos, pero también a los miembros de cualquier ASC (Cooperation between CSAs and judicial mechanisms in the prosecution of CRSV, pp. 12-13). El principio de “no hacer daño” es el más importante cuando se recopila información o evidencia. Se aplica a cualquier persona involucrada en la investigación de crímenes internacionales, incluidas las víctimas, testigos, intermediarios, comunidades locales, investigadores extraoficiales y colegas (Field Guide for Civil Society Documentation, pt. 8; Cooperation between CSAs and judicial mechanisms in the prosecution of CRSV, p. 10). Al estar seguros y mantener seguros a otros, esto también apunta a preservar cualquier información hallada. Por lo tanto, la preparación de la documentación significa en la práctica incluir el principio de “no hacer daño” en todos los niveles. Esto debe ser respetado y tomado en consideración a fin de prevenir y minimizar cualquier efecto negativo involuntario que pueda surgir al recolectar y documentar la información (Handbook on Civil Society Documentation, pp. 21-23).

Esto involucra la mitigación del daño respecto a amenazas, riesgos y vulnerabilidades mediante la evaluación de los riesgos la implementación de medidas para contrarrestarlos, coordinando esfuerzos tanto como posible con otros grupos; respetando la confidencialidad y entendiendo sus limitaciones; y refiriendo a las víctimas y testigos a los servicios apropiados (Handbook on Civil Society Documentation, pp. 92-103). La creación de medidas de seguridad también forma parte de consideraciones relacionadas con el principio de "no hacer daño" y debe respaldar cualquier decisión o acción tomada por los profesionales durante todo el proceso de documentación (como actividades de planificación, acercamiento a víctimas y testigos, registro, transporte, almacenar información o referencias) (Handbook on Civil Society Documentation, p. 105).

La implementación de los principios del código de conducta es particularmente esencial cuando se trabaja con víctimas y testigos de violencia sexual relacionada con atrocidades y atrocidades. Esto implica trabajar según un enfoque centrado en la víctima, no exhibir un comportamiento crítico, nunca culpar a la víctima, tratar a todas las víctimas con dignidad y respeto y especialmente siempre priorizando la seguridad de las víctimas y los testigos sobre la evidencia (Handbook on Civil Society Documentation, p. 105).

Al investigar violaciones atroces contra niños en situaciones de conflicto armado, el principal principio rector es el interés superior del niño en la implementación de un mecanismo de monitoreo e información y en todos los demás aspectos, así como en las actividades de respuesta y prevención. Además de los principios clave de no discriminación, precisión, objetividad y neutralidad y consideraciones éticas con respecto a los principios de "no hacer daño", la humanidad, la sensibilidad a las costumbres y la cultura locales y la atención a la seguridad, también se deben tomar en cuenta las consideraciones de género en cuenta. Además, cualquier participación de niños en el proceso de investigación debería ser significativa, tanto como víctimas como agentes de protección (Field Manual – MRM on grave violation against children in armed conflict, pp. 12-13; Guidelines – MRM on grave violations against children in situations of armed conflict, p. 9: precisión, fiabilidad y puntualidad de la información pueden ser asegurados estableciendo u Sistema de análisis y verificación).

Imparcialidad, neutralidad e independencia

Cualquier ASC involucrado en una operación física de investigación dentro de un Estado debe tener en cuenta la necesidad de independencia, imparcialidad y neutralidad, ya que no deben brindar apoyo a ninguna de las partes en un contexto de conflicto armado o post-conflicto (Cooperation between CSAs and judicial mechanisms in the prosecution of CRSV, p. 10; International Protocol on the documentation of sexual violence in conflict, p. 138; Guidelines – MRM on grave violations against children in situations of armed conflict, p. 5). Demostrar imparcialidad durante el proceso de documentación significa también gestionar las expectativas con respecto al uso de la información recopilada en la corte o la posibilidad de futuras reparaciones (Handbook on Civil Society Documentation, p. 36).

Los tribunales y los fiscales también deben operar de manera imparcial e independiente. Por lo tanto, el sistema judicial nacional no debe estar sujeto a sesgos o control político, como cargos contra funcionarios del Estado o figuras políticas de alto nivel; y el poder judicial no debe reflejar influencia externa o parcialidad política, ética o religiosa (Cooperation between CSAs and judicial mechanisms in the prosecution of CRSV, p. 13).

Consentimiento informado y respeto a la confidencialidad

Se requiere el consentimiento informado de todas las víctimas y testigos antes de tomar medidas que los involucren, como una entrevista, un examen externo, tomar fotografías, registrar su información, derivarlos a servicios de apoyo apropiados o compartir información y datos de contacto con terceros (Handbook on Civil Society Documentation, p. 24: Un consentimiento adecuado e informado implica una confirmación explícita de la persona que proporciona la información sobre violaciones graves de los derechos humanos sobre: “el objetivo y contenido del ejercicio de recojo de data; el significado de confidencialidad y como debe aplicarse o no a la información entregada; los procesos que deben seguirse- incluida la información que puede ser revelada en un futuro y para quienes; los riesgos y beneficios de participar ; y la identidad de los investigadores extraoficiales y los grupos que representan, así como los medios de contacto del investigador en una etapa posterior”; ver también International Protocol on the documentation of sexual violence in conflict, p. 45). Cualquier solicitud de los fiscales para proporcionarles declaraciones de testigos y cualquier información que pueda identificar a las víctimas puede ser problemática. De hecho, las fuentes reveladoras pueden tener consecuencias en términos de implicaciones de recursos, operativas y de seguridad para los actores de las ASC, tanto locales como internacionales (Cooperation between CSAs and judicial mechanisms in the prosecution of CRSV, p. 10). El principio de confidencialidad también implica el requisito de proteger cualquier información recopilada para construir relaciones de confianza con testigos y víctimas y explicarles los límites de este principio. Por lo tanto, para cualquier proceso de documentación, todos los involucrados deben comprender y aplicar las medidas de confidencialidad acordadas inicialmente establecidas (Handbook on Civil Society Documentation, pp. 28-29).

Evaluar amenazas, riesgos o vulnerabilidades y proporcionar apoyo

Evaluar riesgos, amenazas y vulnerabilidades debería ser una de las preocupaciones principales durante la planificación de la investigación (Field guide for Civil Society Documentation, pt. 11: evaluación de los riesgos y medidas de seguridad) y fases posteriores de cualquier investigación, más aún cuando la recopilación de información está vinculada a violencia sexual en contextos de conflictos armados o violencia de género, sea en contra de hombres y niños o mujeres y niñas (Investigating CRSGBV against Men and Boys, p. 11). Cualquier plan de investigación debe construirse de acuerdo con las amenazas reales o imaginarias hacia la seguridad de los investigadores, otros miembros del equipo de investigación, víctimas y testigos, así como a los presuntos perpetradores, sus familiares y su comunidad (Investigating CRSGBV against Men and Boys, p. 11: ver también por ejemplos de riesgos específicamente relacionados con la violencia sexual y de género en contextos de conflictos armados contra hombres y niños varones). Es extremadamente importante reconocer y prevenir el riesgo del resurgimiento del trauma, lo que implica estar familiarizado con los signos del trauma y utilizar un enfoque cuidadoso al entrevistar a las víctimas y los testigos (Handbook on Civil Society Documentation, pp. 32-35). Por lo tanto, cualquier proceso de documentación debe basarse en la evaluación de los riesgos y vulnerabilidades de las víctimas y los testigos a fin de proporcionar un apoyo y asistencia adecuados mediante la identificación de los servicios necesitados, como salud, asistencia psicológica, legal y económica (Handbook on Civil Society Documentation, pp. 29-32).

Tomar medidas de seguridad

La cooperación efectiva incluye medidas adecuadas de seguridad para los miembros del personal de los ASC durante una investigación donde no existe el apoyo político o local para un proceso judicial (Cooperation between CSAs and judicial mechanisms in the prosecution of CRSV, p. 10).  Las investigaciones también pueden generar importantes riesgos de seguridad para las víctimas y testigos vulnerables, sus familias y asociados. Estos riesgos deben ser tomados en consideración por los ASC como un factor decisivo antes de que los investigadores entren en contacto con las víctimas, especialmente si no pueden proporcionar los niveles de protección  que requieren las circunstancias, dependiendo de la disponibilidad de protección que ofrecen las agencias externas como la Organización de Naciones Unidas (ONU) (Cooperation between CSAs and judicial mechanisms in the prosecution of CRSV, p. 10).

La cooperación de las ONGs con los fiscales y otras autoridades nacionales relevantes puede poner en peligro al personal, ya que los defensores de los derechos humanos podrían ser vistos como una amenaza o peligro a nivel local debido a su supuesta participación en la investigación de crímenes internacionales. Debido a la particular sensibilidad del área, es esencial proporcionar protección y/o capacitación sobre las mejores prácticas de seguridad para los primeros intervinientes que pueden necesitar asistencia o proporcionarles mecanismos de protección antes de que participen en la recopilación de información. Sin embargo, es necesario establecer un plan de seguridad integral en un país con los protocolos de seguridad específicos de acuerdo al contexto local y los potenciales peligros (First responders, p. 6).

Fortalecimiento de capacidades

Es fundamental invertir en el desarrollo de lineamientos para la recopilación de pruebas, el intercambio de información y consultorías en materia de seguridad (First responders, pp. 11-12; Cooperation between CSAs and judicial mechanisms in the prosecution of CRSV, p. 11). Los primeros intervinientes pueden no estar entrenados en los requisitos probatorios, por lo que necesitan información básica sobre la admisibilidad y valor probatorio, como información sobre la cadena de custodia, categorías de evidencia o consejos técnicos sobre la recopilación de evidencia (First responders, p. 7).

En consecuencia, los ASC deben compartir información con las ONGs involucradas en la recolección de pruebas en el terreno, mientras desarrollan canales de comunicación constante durante el proceso de documentación. Además, los primeros intervinientes deben comprender las repercusiones legales, éticas y de seguridad de compartir y enviar información a los tribunales y fiscales. Ellos deben tomar decisiones informadas al participar en este proceso, ya que es posible que no haya posibilidad de modificaciones cuando más adelante recopilen las pruebas. Una solución sugerida sería crear o designar a una entidad intermedia que desempeñe el papel de "anónimo" en el proceso de presentar información y que demuestre flexibilidad en contextos de peligros potenciales asociados con el riesgo de divulgación, pero también educar a los primeros intervinientes sobre las posibles repercusiones del intercambio de información (First responders, p. 7).

Equipo de redacción : Silviana Cocan, estudiante de la Clínica de Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario (Facultad de Derecho, Universidad Laval); Profesor Joseph Rikhof (Facultad de Derecho, Sección de Common Law, Universidad de Ottawa); y el Director Adjunto de la Clínica, Érick Sullivan

Equipo de traducción : Silviana Cocan, Maria Belén Gallardo Rivas, Maxime Mariage, Marie Prigent, Alicia Pujol

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